A finales del año 2007, en España, fue aprobada la Ley de Impulso a la Sociedad de la Información (LISI). Dicha ley introduce modificaciones en la normativa existente con el objetivo de simplificar procedimientos, añadiendo seguridad y ampliando las condiciones y garantías para los usuarios.
Las ventajas que conforman esta ley son:
ü Disponibilidad de contenidos públicos: “puesta a disposición de los ciudadanos, en los términos legalmente establecidos de los contenidos digitales de las Administraciones Públicas de cuyos derechos de propiedad Intelectual sean titulares o pertenezcan al dominio público“
ü Acceso universal por banda ancha a internet: “impulsará la extensión de la banda ancha con el fin de conseguir antes del 31 de diciembre del 2008, una cobertura de servicio universal de banda ancha, para todos los ciudadanos“
ü Accesibilidad en las webs de la administración: “mandata a las Administraciones Públicas a promover el impulso, el desarrollo y la aplicación de los estándares de accesibilidad para las personas con discapacidad en los diseños y procesos basados en las nuevas tecnologías de la sociedad de la información.”
Aunque la propuesta actual abre la posibilidad de ejercer acciones de censura en el acceso a contenidos, lo que implica riesgos para la libertad de acceso por parte de los usuarios.
Esta Ley resulta controversial, pues aunque introduce mejoras y garantías para el uso de la factura electrónica y contratación electrónica, simplifica algunos procedimientos que se habían demostrado inútiles y avanza en las garantías que los prestadores de servicios deben dar a sus clientes; sin embargo tiene algunos aspectos ambiguos, principalmente al referirse al “órgano competente”, es decir, quien tomaría las decisiones en cuanto a retirar contenido o impedir el acceso a un usuario a algún sitio de internet. Dichas cuestiones son muy importantes, pues competen a la libertad de expresión y movimientos de los ciudadanos.
http://www.coit.es/publicaciones/bit/bit160/42-45.pdf
http://www.dondado.es/2008/01/informatica-en-la-administracion-publica
Martha Alicia Torres Montes
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